Una Política de Comunicación para el Desarrollo

 UNA POLITICA DE COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO

 Galo Muñoz Arce*

Especial para Revista Ciudadanos Libres

Quito 7 de Septiembre 2009

 

 El actor ausente en los procesos de formulación de políticas de comunicación, siempre ha sido  el Estado.  Aclarando que no se trata de recuperar la propuesta estatizadora de las Políticas Nacionales de comunicación, debemos admitir que no es posible hablar de políticas de comunicación, sin una intervención activa del estado en la regulación,  promoción y definición de los procesos de comunicación, junto con otros sectores de la sociedad, reconociendo y validando las dimensiones de la comunidad (y no solo del mercado) en sus acciones de interlocución, deliberación, información útil, formación y expresión.

 

Las políticas de comunicación, en cualquier circunstancia histórica, están dirigidas a garantizar participación, representación, acceso y uso a los procesos, espacios y medios de comunicación, bajo el principio de que la comunicación es un derecho de todos los seres humanos, y un medio para el logro de metas del desarrollo humano.

 

Dadas las condiciones del desarrollo en la actualidad, el mundo conceptual requiere una precisión de los enfoques y metodologías de las políticas de comunicación, sin dejar de lado sus principios generales sustentados en la democratización de la comunicación y de la sociedad.

 

Tanto por el contexto de globalización, así como por la nueva constitución del Estado, la relación dicotómica entre lo público y lo privado se dimensiona en la búsqueda más bien del reconocimiento de carácter plural  de nuestras sociedades, y concertaciones en niveles territorial y sectorial, que hagan  posible una la relación armónica entre los tres ejes del “triangulo del desarrollo”: gobernabilidad democrática, competitividad económica e integración social.

 

Las relaciones comunicacionales y sociales ocurren en un marco de relación paradójica entre globalización y segmentación, donde los fenómenos  trasnacionales se hibridizan en dinámicas locales y donde las identidades nacionales se rehacen desde las constituciones múltiples y diversas de las sociedades.

 

Hay que estar claros que no existe en la práctica, políticas de comunicación.      Lo que existe son estrategias sectoriales de comunicación.

 

Con esta conclusión afirmamos que mientras se ha trabajado más el tránsito     del nivel operativo desprendido de normas comunicacionales por lo general basada en la comunicación participativa, el nivel doctrinal- normativo (políticas), sigue dependiendo de definiciones donde la comunicación no es sino un elemento accesorio y utilitario del desarrollo.

 

La comunicación no se ha hecho todavía sujeto del desarrollo. Su rol instrumental, hace que las estrategias, en lugar  de definir una comunicación ”para” el desarrollo, se quede en meras alternativas instrumentales de comunicación “en función” de proyectos de desarrollo prediseñados y donde la comunicación se convoca como elemento accesorio, tecnológico, informativo o publicitario.

 

En este sentido,  estamos convencidos de que las  políticas de comunicación deben de involucrar tres actores: el rol dinámico de la ciudadanía; el rol promotor del Estado, y el rol vigilante de los medios.

 

Esta articulación de roles debería permitir, así mismo, el tránsito de las concepciones basada en la finalidad de la comunicación: la democratización de la sociedad. Con esta formulación, los roles de los actores se encuentran, concertan y funcionalizan a una finalidad común y con principios también comunes, guiados por el derecho a la comunicación como meta y como forma de ejercicio de las estrategias, planes y acciones de comunicación, educación y cultura.

 

La meta para el Desarrollo de la Comunicación

 

En América Latina necesitamos ponernos al día en el desarrollo de la historia, para lo cual es necesario formular políticas de comunicación que normen condiciones para ampliar la infraestructura de comunicaciones, modernizar los sistemas escolares y universitarios, incorporar las tecnologías de información y comunicación a la educación, aumentar la inversión dirigida a la producción de conocimientos, multiplicar las interconexiones de información por redes electrónicas, integrarse a los procesos de aprovechamiento y producción de cultura y conocimientos.

 

Hay  que estar  claros que  la comunicación no es un trabajo solo de especialistas. Quien pretende comunicarse con seres a los cuales nunca ha escuchado, no llega lejos. Por eso el trabajo comunicacional debe ser en consulta  constante con la gente, en las prácticas de validación destinada a recoger la opinión de todos/as.

 

En este sentido, la libertad de expresión, información, a más  de ser parte de los derechos humanos, fundamentales deben ser  el pilar fundamental para la aplicación de políticas  de  comunicación.

 

Hay que reconocer que una de las grandes paradojas de nuestra democracia es la tensión existente entre el esquema privatizador de la misma democracia inmersa en el modelo neoliberal, y la necesidad de profundización de la democracia, que necesariamente pasa por el reconocimiento de la participación, protagonismo y empoderamiento de la ciudadanía en la construcción del desarrollo.

 

El derecho a la comunicación se fundamenta en una matriz conceptual cuya clave es la rehabilitación del sujeto en la comunicación. Por ello se rescata el carácter complejo y creativo de la recepción: lugar denso de mediaciones, conflictos y reapropiaciones, de producción oculta en el consumo y la vida cotidiana.

 

Desde esta perspectiva, se trata de ubicar la comunicación en el campo de la cultura, separando su reduccionismo  a medios o tecnologías. Las mismas tecnologías de la información tienen que interrogarse “tanto desde su adentro- trasformaciones del conocer y del hacer, del representar y del ver, del percibir y del crear- como desde sus relaciones con las trasformaciones en los modos de ejercicio del poder, del control social, de las expectativas e impasses políticos, desde los retos éticos y las búsquedas morales”

 

Igualmente, la diversidad y pluralismo, es un objetivo fundamental de cualquier  marco regulatorio democrático. Son necesarias medidas efectivas para promover la diversidad de contenidos y perspectivas, el acceso  a los medios hablados escritos y audiovisuales, definiendo formas de funcionamiento, incluyendo  medidas para  prevenir la concentración de medios en pocas manos.

 

Que la asignación de frecuencias se asignen por igual entre  los medios ligados a lo estatal, privado y comunitario, que puedan tener las mismas posibilidades  en la publicidad, o sea en la distribución de cupos, cuñas, propaganda, siempre y cuando no sea atentatoria a la visión de los derechos, la diversidad cultural, equidad de género, entre otras.

 

Galo Muñoz Arce*

 

*Corresponsal Agencia Internacional de Noticias PULSAR